En 2017, el Tribunal de Justicia desechado la sentencia de la Comisión, afirmando que el Tribunal General no examinó todos los argumentos de Intel como debía hacerlo. «Por lo tanto, el Tribunal anula la sentencia del Tribunal General a consecuencia de este fallo en su análisis», concluyó, devolviendo el asunto al Tribunal General «para que examine, a la luz de los argumentos expuestos por Intel, si los descuentos en cuestión pueden restringir la competencia”.
Pero ese no fue el final.
En 2022, el Tribunal General, tras examinar detenidamente los argumentos de ambas partes, dictaminó que “el análisis realizado por la Comisión es incompleto y, en cualquier caso, no permite demostrar de manera suficiente en Derecho que los descuentos en cuestión podían tener, o podían tener, efectos contrarios a la competencia, razón por la cual el Tribunal General anula la decisión.”
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